Comparto con vosotr@s las resoluciones de la Conferencia Política que hemos estado debatiendo este fin de semana. En materia de igualdad de género, éste es el texto final.
El cambio social más importante de las últimas décadas es sin duda, el resultado de la aplicación de las políticas de igualdad. En España, los avances propiciados por el Gobierno socialista en los últimos años son incomparables a cualquier otra época, habiendo liderado un avance histórico hacia la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que ha posicionado a España a la vanguardia europea. Es de justicia destacar la contribución del movimiento feminista y reconocer la capacidad de interlocución social de sus organizaciones. Y promover la paridad aplicada así mismo en la renovación paritaria de la representación política. Prueba del Compromiso político del PSOE con la igualdad son las medidas legislativas aprobadas durante este periodo y los recursos puestos en marcha con el objetivo de favorecer la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres y de eliminar las barreras que impiden su pleno desarrollo en condiciones de igualdad con los hombres.
El marco jurídico del que nos hemos dotado ha supuesto transformaciones de fondo impensables hace pocos años. La ley de Igualdad tiene como finalidad última la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social superando cualquier tipo de discriminación laboral, cultural, económica y política. Gracias al marco propositivo que se desarrolla en la Ley de Igualdad se han incorporado a la cultura política nuevos conceptos y nuevos retos: democracia paritaria, corresponsabilidad y transversalidad de género entre otros. La Ley contra la Violencia de Género es el mejor instrumento jurídico capaz de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce contra las mujeres, a sus hijos e hijas, proporcionando un entorno social de repulsa a la violencia machista.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo es parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública; su aprobación ha supuesto el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad, terminando con la inseguridad jurídica que afectaba a las mujeres y a los profesionales sanitarios que intervenían en las interrupciones de embarazos no deseados.
Pero no sólo con la aprobación de leyes se cambia la realidad, sino que es imprescindible el afianzamiento de una cultura institucional cuyo principio rector sea la igualdad de género- de modo que se incorpore en todas las políticas y a todos los niveles- y con ello impulsar un cambio de paradigma respecto al lugar que las mujeres ocupan en la sociedad. Así pues, hemos de incidir en la consolidación de una estructura institucional que sea garante de la aplicación de las políticas de igualdad a nivel nacional, autonómico y local.
Dentro de este nuevo concepto de igualdad que asumimos en la actualidad inscribimos la paridad como concreción para equilibrar la participación femenina y masculina en todos los ámbitos sociales. Nuestra finalidad es dar un salto definitivo entre la igualdad formal y la igualdad real. Debemos establecer nuestras nuevas prioridades. Desde el Partido Socialista asumimos como imprescindible continuar fomentando la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Sabemos que tenemos que seguir eliminando los obstáculos que aún persisten adaptando nuestras políticas a su realidad más cotidiana. A las mujeres les hemos pedido que se formen y lo han hecho; pero a pesar de estar más formadas que los hombres y, de tener los instrumentos legales para hacerlo la realidad hoy es que las mujeres siguen teniendo peores empleos que los hombres, cobran casi un 30% menos por el mismo trabajo y las siguen penalizando en su carrera profesional por las cargas familiares asumidas por ellas casi en su totalidad.
La incorporación de las mujeres al empleo y la actividad empresarial, especialmente en momentos de crisis como el que vivimos, es una de las claves para el crecimiento económico en nuestro país. Debemos seguir insistiendo en el fortalecimiento de los planes de igualdad para el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en el mercado laboral, fomentando la empleabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas con dificultades especificas, teniendo en cuenta la realidad empresarial de nuestro país con especial incidencia a la pequeña y mediana empresa, estableciendo medidas que faciliten la permanencia y reincorporación laboral de las mujeres; la eliminación de las discriminaciones que persisten en las condiciones laborales, en especial en relación con la promoción profesional y la brecha salarial; la disminución de la segregación vertical y horizontal de las mujeres y los hombres y, finalmente, el apoyo al emprendimiento económico de las mujeres y al autoempleo y consolidación de la participación empresarial de las mujeres.
Seguiremos incorporando la igualdad de oportunidades dentro de las políticas de empleo y continuaremos impulsando la igualdad dentro de la gestión empresarial. Queremos empresas comprometidas con la calidad en la gestión de las relaciones laborales, en especial, en la eliminación de las discriminaciones dentro de las empresas. Para ello continuaremos insistiendo en la aplicación de las medidas de apoyo a las empresas para la incorporación de la igualdad en las sus políticas de recursos humanos, incluyendo las medidas de apoyo que sean necesarias, convencidos de que la igualdad es un factor de modernización de nuestro empresariado y nuestro mercado laboral, que puede ser determinante para apoyar la salida de la crisis de empleo en la que estamos.
En el ámbito rural, el acceso de las mujeres al mercado laboral pasa por fomentar el autoempleo y visibilizar el trabajo que de hecho realizan. La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, recientemente aprobada, es un avance histórico, que dota de reconocimiento y derechos al trabajo desempeñado por las mujeres agricultoras y ganaderas en las explotaciones familiares. Las mujeres rurales tienen la dificultad añadida del aislamiento donde desarrollan mayoritariamente su actividad.
Debemos abordar un debate sobre el uso de las prendas de vestir que vulneran y vejan la dignidad de las mujeres como el burka, y que son claramente discriminatorias.
El tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual es una forma moderna de esclavitud en pleno siglo XXI. Constituye, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, uno de los negocios delictivos más lucrativos del mundo. Pero sobre todo, es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas y en no pocos casos contra su integridad física y psíquica. Es una explotación que tiene un claro componente de género y de clase al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres y niñas y, además, de países pobres.
La lucha contra esta forma actual de esclavitud también requiere pensar globalmente y actuar localmente. Hace falta una estrategia decidida para combatir la lacra social de la prostitución, con una línea clara de tolerancia cero hacia la promoción de ésta y de los negocios involucrados alrededor del tráfico de personas con finalidad de explotación sexual. Los hombres y mujeres socialistas aspiramos a una sociedad sin explotación sexual y nos comprometemos a trabajar para eliminar la prostitución y cambiar el modelo social de dominación y desigualdad que la hace posible, incidiendo en reducir la demanda, concienciando a la sociedad de que la compra de servicios de prostitución contribuye al establecimiento en nuestro país de mafias que se lucran de mujeres a las que han secuestrado sus derechos.
La plena conciliación, aún pendiente
La maternidad y la paternidad, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, significan hacer realidad el proyecto vital de muchas mujeres y hombres. Esta es una decisión que transciende el marco individual dado la importancia que supone para la sociedad en su conjunto. Reivindicar el valor social de la maternidad y de la paternidad implica necesariamente la obligatoriedad de los poderes públicos de promover políticas públicas que favorezcan esa decisión y por lo tanto eliminen los obstáculos, principalmente para las mujeres, que supone la maternidad/paternidad en la vida personal, familiar y profesional.
Los cambios demográficos así como los producidos en la estructura familiar deben guardar un equilibrio con el mantenimiento del empleo y las responsabilidades privadas. La ausencia de conciliación es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una sociedad. La corresponsabilidad es clave fundamental para alcanzar la sostenibilidad social y económica. El actual momento social exige nuevas formulas que hablen de un problema colectivo que requiere de soluciones y propuestas que repartan de forma equitativa las responsabilidades familiares.
La Ley de Igualdad trazó el camino en esta materia mejorando los permisos de maternidad y creando un permiso exclusivo, de dos semanas, para los padres. Reactivaremos la ampliación del permiso por paternidad, en una tendencia por la plena equiparación de los permisos entre madres y padres, de manera que sean iguales, intransferibles y remunerados. Por otro lado seguiremos incrementando el número de plazas públicas de educación infantil (0-3 años), aulas matinales y servicios de proximidad. Igualmente el desarrollo de La Ley de la Dependencia además de ser una herramienta para el cuidado y la promoción de la autonomía personal, seguirá favoreciendo la conciliación al mismo tiempo que la generación de empleo desde la prestación de servicios.
Necesitamos abordar la racionalización de los horarios de trabajo así como diseñar nuevos modelos organizativos en las empresas más acordes con las necesidades de las familias.
Estableceremos una estrategia con las medidas necesarias para promover la racionalización de los horarios laborales y el cambio cultural que comporta, como vía para facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, pero también para mejorar la productividad de sus trabajadores y trabajadoras, aumentar el ahorro energético y mejorar la calidad de vida. Así, la estrategia contemplará la aplicación de medidas como la flexibilización de los horarios de entrada y salida del trabajo, la extensión de la aplicación voluntaria de la jornada parcial, la generalización de la jornada continua, el aprovechamiento de las TIC, sobre todo en forma de teletrabajo o teleconferencias, y los permisos ocasionales.
Nada avanzaríamos, sin embargo, si la conclusión del proceso fuese la feminización del teletrabajo o del trabajo a tiempo parcial. Nos equivocaríamos si triunfa la idea de que la conciliación es cosa de las mujeres. Debemos garantizar que la aplicación de medidas relativas a la reducción de jornada, la aplicación de los contratos a tiempo parcial y/o el uso del teletrabajo como estrategias para la conciliación se realice de forma que no genere discriminación entre sexos. Los avances en esta materia deben ser tanto para hombres como para mujeres. Por ello, buena parte del trabajo que queda por desarrollar se centra en la corresponsabilidad. Es decir, la promoción de cambios de comportamiento en las trayectorias vitales de los hombres que les hagan asumir como propias las tareas domésticas y los cuidados familiares desde la conciencia de que es una responsabilidad
propia como persona para satisfacer sus necesidad vitales y las de su familia.
El fomento de la corresponsabilidad es una buena herramienta para la convivencia armónica para
mujeres y hombres, compartiendo espacios y responsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada.
Los nuevos modelos de familia y los adelantos sociales hacen que cada vez los hombres estén más implicados en la crianza de los hijos e hijas. Desde el PSOE seguimos apostando por la fórmula de la custodia compartida acordada como medida para fomentar la corresponsabilidad entre padres y madres y consideramos que, en caso de separación,la mejor solución es la consensuada, la custodia compartida de mutuo acuerdo, nunca impuesta, porque por encima de todo se tiene que valorar y ponderar en beneficio de los intereses y derechos del menor, anteponiendo su bienestar e integridad.
Es necesario un nuevo contrato social que comprometa a toda la ciudadanía y sectores de la sociedad para atender al bienestar, al derecho y deber de cuidar y estar bien cuidado. Para ello hay que considerar no solo el empleo, sino las condiciones de vida de las personas, utilizando un enfoque que integre los espacios públicos y privados.
El cambio social más importante de las últimas décadas es sin duda, el resultado de la aplicación de las políticas de igualdad. En España, los avances propiciados por el Gobierno socialista en los últimos años son incomparables a cualquier otra época, habiendo liderado un avance histórico hacia la efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que ha posicionado a España a la vanguardia europea. Es de justicia destacar la contribución del movimiento feminista y reconocer la capacidad de interlocución social de sus organizaciones. Y promover la paridad aplicada así mismo en la renovación paritaria de la representación política. Prueba del Compromiso político del PSOE con la igualdad son las medidas legislativas aprobadas durante este periodo y los recursos puestos en marcha con el objetivo de favorecer la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres y de eliminar las barreras que impiden su pleno desarrollo en condiciones de igualdad con los hombres.
El marco jurídico del que nos hemos dotado ha supuesto transformaciones de fondo impensables hace pocos años. La ley de Igualdad tiene como finalidad última la efectiva igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la vida social superando cualquier tipo de discriminación laboral, cultural, económica y política. Gracias al marco propositivo que se desarrolla en la Ley de Igualdad se han incorporado a la cultura política nuevos conceptos y nuevos retos: democracia paritaria, corresponsabilidad y transversalidad de género entre otros. La Ley contra la Violencia de Género es el mejor instrumento jurídico capaz de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce contra las mujeres, a sus hijos e hijas, proporcionando un entorno social de repulsa a la violencia machista.
La Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo es parte fundamental de las políticas preventivas y del derecho a la salud pública; su aprobación ha supuesto el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad, terminando con la inseguridad jurídica que afectaba a las mujeres y a los profesionales sanitarios que intervenían en las interrupciones de embarazos no deseados.
Pero no sólo con la aprobación de leyes se cambia la realidad, sino que es imprescindible el afianzamiento de una cultura institucional cuyo principio rector sea la igualdad de género- de modo que se incorpore en todas las políticas y a todos los niveles- y con ello impulsar un cambio de paradigma respecto al lugar que las mujeres ocupan en la sociedad. Así pues, hemos de incidir en la consolidación de una estructura institucional que sea garante de la aplicación de las políticas de igualdad a nivel nacional, autonómico y local.
Dentro de este nuevo concepto de igualdad que asumimos en la actualidad inscribimos la paridad como concreción para equilibrar la participación femenina y masculina en todos los ámbitos sociales. Nuestra finalidad es dar un salto definitivo entre la igualdad formal y la igualdad real. Debemos establecer nuestras nuevas prioridades. Desde el Partido Socialista asumimos como imprescindible continuar fomentando la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Sabemos que tenemos que seguir eliminando los obstáculos que aún persisten adaptando nuestras políticas a su realidad más cotidiana. A las mujeres les hemos pedido que se formen y lo han hecho; pero a pesar de estar más formadas que los hombres y, de tener los instrumentos legales para hacerlo la realidad hoy es que las mujeres siguen teniendo peores empleos que los hombres, cobran casi un 30% menos por el mismo trabajo y las siguen penalizando en su carrera profesional por las cargas familiares asumidas por ellas casi en su totalidad.
La incorporación de las mujeres al empleo y la actividad empresarial, especialmente en momentos de crisis como el que vivimos, es una de las claves para el crecimiento económico en nuestro país. Debemos seguir insistiendo en el fortalecimiento de los planes de igualdad para el efectivo cumplimiento del principio de igualdad en el mercado laboral, fomentando la empleabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas con dificultades especificas, teniendo en cuenta la realidad empresarial de nuestro país con especial incidencia a la pequeña y mediana empresa, estableciendo medidas que faciliten la permanencia y reincorporación laboral de las mujeres; la eliminación de las discriminaciones que persisten en las condiciones laborales, en especial en relación con la promoción profesional y la brecha salarial; la disminución de la segregación vertical y horizontal de las mujeres y los hombres y, finalmente, el apoyo al emprendimiento económico de las mujeres y al autoempleo y consolidación de la participación empresarial de las mujeres.
Seguiremos incorporando la igualdad de oportunidades dentro de las políticas de empleo y continuaremos impulsando la igualdad dentro de la gestión empresarial. Queremos empresas comprometidas con la calidad en la gestión de las relaciones laborales, en especial, en la eliminación de las discriminaciones dentro de las empresas. Para ello continuaremos insistiendo en la aplicación de las medidas de apoyo a las empresas para la incorporación de la igualdad en las sus políticas de recursos humanos, incluyendo las medidas de apoyo que sean necesarias, convencidos de que la igualdad es un factor de modernización de nuestro empresariado y nuestro mercado laboral, que puede ser determinante para apoyar la salida de la crisis de empleo en la que estamos.
En el ámbito rural, el acceso de las mujeres al mercado laboral pasa por fomentar el autoempleo y visibilizar el trabajo que de hecho realizan. La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, recientemente aprobada, es un avance histórico, que dota de reconocimiento y derechos al trabajo desempeñado por las mujeres agricultoras y ganaderas en las explotaciones familiares. Las mujeres rurales tienen la dificultad añadida del aislamiento donde desarrollan mayoritariamente su actividad.
Debemos abordar un debate sobre el uso de las prendas de vestir que vulneran y vejan la dignidad de las mujeres como el burka, y que son claramente discriminatorias.
El tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual es una forma moderna de esclavitud en pleno siglo XXI. Constituye, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de armas, uno de los negocios delictivos más lucrativos del mundo. Pero sobre todo, es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas y en no pocos casos contra su integridad física y psíquica. Es una explotación que tiene un claro componente de género y de clase al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres y niñas y, además, de países pobres.
La lucha contra esta forma actual de esclavitud también requiere pensar globalmente y actuar localmente. Hace falta una estrategia decidida para combatir la lacra social de la prostitución, con una línea clara de tolerancia cero hacia la promoción de ésta y de los negocios involucrados alrededor del tráfico de personas con finalidad de explotación sexual. Los hombres y mujeres socialistas aspiramos a una sociedad sin explotación sexual y nos comprometemos a trabajar para eliminar la prostitución y cambiar el modelo social de dominación y desigualdad que la hace posible, incidiendo en reducir la demanda, concienciando a la sociedad de que la compra de servicios de prostitución contribuye al establecimiento en nuestro país de mafias que se lucran de mujeres a las que han secuestrado sus derechos.
La plena conciliación, aún pendiente
La maternidad y la paternidad, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, significan hacer realidad el proyecto vital de muchas mujeres y hombres. Esta es una decisión que transciende el marco individual dado la importancia que supone para la sociedad en su conjunto. Reivindicar el valor social de la maternidad y de la paternidad implica necesariamente la obligatoriedad de los poderes públicos de promover políticas públicas que favorezcan esa decisión y por lo tanto eliminen los obstáculos, principalmente para las mujeres, que supone la maternidad/paternidad en la vida personal, familiar y profesional.
Los cambios demográficos así como los producidos en la estructura familiar deben guardar un equilibrio con el mantenimiento del empleo y las responsabilidades privadas. La ausencia de conciliación es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una sociedad. La corresponsabilidad es clave fundamental para alcanzar la sostenibilidad social y económica. El actual momento social exige nuevas formulas que hablen de un problema colectivo que requiere de soluciones y propuestas que repartan de forma equitativa las responsabilidades familiares.
La Ley de Igualdad trazó el camino en esta materia mejorando los permisos de maternidad y creando un permiso exclusivo, de dos semanas, para los padres. Reactivaremos la ampliación del permiso por paternidad, en una tendencia por la plena equiparación de los permisos entre madres y padres, de manera que sean iguales, intransferibles y remunerados. Por otro lado seguiremos incrementando el número de plazas públicas de educación infantil (0-3 años), aulas matinales y servicios de proximidad. Igualmente el desarrollo de La Ley de la Dependencia además de ser una herramienta para el cuidado y la promoción de la autonomía personal, seguirá favoreciendo la conciliación al mismo tiempo que la generación de empleo desde la prestación de servicios.
Necesitamos abordar la racionalización de los horarios de trabajo así como diseñar nuevos modelos organizativos en las empresas más acordes con las necesidades de las familias.
Estableceremos una estrategia con las medidas necesarias para promover la racionalización de los horarios laborales y el cambio cultural que comporta, como vía para facilitar la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, pero también para mejorar la productividad de sus trabajadores y trabajadoras, aumentar el ahorro energético y mejorar la calidad de vida. Así, la estrategia contemplará la aplicación de medidas como la flexibilización de los horarios de entrada y salida del trabajo, la extensión de la aplicación voluntaria de la jornada parcial, la generalización de la jornada continua, el aprovechamiento de las TIC, sobre todo en forma de teletrabajo o teleconferencias, y los permisos ocasionales.
Nada avanzaríamos, sin embargo, si la conclusión del proceso fuese la feminización del teletrabajo o del trabajo a tiempo parcial. Nos equivocaríamos si triunfa la idea de que la conciliación es cosa de las mujeres. Debemos garantizar que la aplicación de medidas relativas a la reducción de jornada, la aplicación de los contratos a tiempo parcial y/o el uso del teletrabajo como estrategias para la conciliación se realice de forma que no genere discriminación entre sexos. Los avances en esta materia deben ser tanto para hombres como para mujeres. Por ello, buena parte del trabajo que queda por desarrollar se centra en la corresponsabilidad. Es decir, la promoción de cambios de comportamiento en las trayectorias vitales de los hombres que les hagan asumir como propias las tareas domésticas y los cuidados familiares desde la conciencia de que es una responsabilidad
propia como persona para satisfacer sus necesidad vitales y las de su familia.
El fomento de la corresponsabilidad es una buena herramienta para la convivencia armónica para
mujeres y hombres, compartiendo espacios y responsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida pública y privada.
Los nuevos modelos de familia y los adelantos sociales hacen que cada vez los hombres estén más implicados en la crianza de los hijos e hijas. Desde el PSOE seguimos apostando por la fórmula de la custodia compartida acordada como medida para fomentar la corresponsabilidad entre padres y madres y consideramos que, en caso de separación,la mejor solución es la consensuada, la custodia compartida de mutuo acuerdo, nunca impuesta, porque por encima de todo se tiene que valorar y ponderar en beneficio de los intereses y derechos del menor, anteponiendo su bienestar e integridad.
Es necesario un nuevo contrato social que comprometa a toda la ciudadanía y sectores de la sociedad para atender al bienestar, al derecho y deber de cuidar y estar bien cuidado. Para ello hay que considerar no solo el empleo, sino las condiciones de vida de las personas, utilizando un enfoque que integre los espacios públicos y privados.
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